Las alarmas

De enero a mayo de 2019, las cifras de las autoridades sitúan al estado en el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional con 25 víctimas y el registró de 36 homicidios –lugar 12–  dolosos y 69 culposos –séptimo lugar— de mujeres.

Sin embargo, para el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (ODESYR) se han contabilizado 49 feminicidios en 2019, 81 feminicidios en 2018 y se registran un total de 419 embarazos en menores de 15 años en 2017.

En los primeros cinco meses del presente año, el número nacional de emergencias 911 en Puebla, recibió 6 mil 45 llamadas para denunciar o solicitar ayuda por violencia contra la mujer, por lo que se posicionó como el segundo estado con más incidentes en dicho periodo.

Puebla concentró el 8.1 por ciento de las 73 mil 812 llamadas realizadas en todo el territorio nacional hasta el quinto mes; los primeros lugares los ocuparon Estado de México, con 15 mil 565; Puebla, con 6 mil 45; Jalisco, con 5 mil 459; Hidalgo, con 3 mil 633 y Coahuila, con 3 mil 359.

El estado registró la cuarta mayor tasa de este tipo de llamadas en el país, con 180.5 por cada 100 mil mujeres.

Las llamadas por abuso sexual fueron 17, en tanto que el 911 atendió 51 reportes de acoso u hostigamiento sexual y reportó 25 víctimas de feminicidio.

En los tres últimos años el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 2134 casos de violación sexual en Puebla, periodo en el que solo cuatro mujeres lograron una sentencia ejecutoria de su agresor.

Alerta de Violencia de Género

En abril pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la Alerta de Violencia de Género para la entidad.

Este esfuerzo toca a cincuenta municipios del estado de Puebla, donde habita el 71.20 por ciento de los poblanos. Entre las demarcaciones se encuentran Puebla capital, Tehuacán, Teziutlán, Atlixco, Huauchinango, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros y San Pedro y San Andrés Cholula, los municipios que concentran mayor población.

Violencia Política de Género

Otra de las vertientes de esta práctica es la que se da en el ámbito político.

Aunado a la persecución política documentada por ONEA, durante el periodo morenovallista también se vivió un escenario adverso para las mujeres.

En la elección de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación emitió una sentencia en contra del Partido Acción Nacional y sus aliados que postulaban a Tony Gali Fayad, debido al uso de frases en spots como “todos sabemos quién la hizo Presidenta Municipal de Puebla” y “no es ella, es él”, las cuales, por el contexto en que se emplearon, tuvieron la finalidad de demeritar la condición de mujer de Blanca Alcalá Ruiz y su aptitud como candidata del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado, así como reducir la expectativa política en torno a su candidatura, con lo cual se actualiza violencia de género en materia política.

En la misma elección, Ana Teresa Aranda, una panista tradicional, abandonó su partido por ser perseguida por el grupo que encabezaba Moreno Valle. Luego buscó una candidatura independiente, fue a tribunales, y al conseguir la sentencia, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa hizo notar los insistentes obstáculos que se le impusieron a Aranda Orozco, por lo que cuestionó si no constituía esto un caso de “discriminación o de violencia política con razón de género”.

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Ese mismo año, la regidora de Tecamachalco, María Ruth Zarate Domínguez, denunció al presidente municipal morenovallista, Inés Saturnino López Ponce, ya que ‘no le permitían hacer sus funciones, la amenazaron con desaparecerla, le retuvieron sus sueldos y aguinaldos, le negaron documentos y en diversas sesiones de cabildo las humillaron públicamente”, acotó Santiago Nieto, en ese entonces encargado de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, quien acompañó las denuncias presentadas.

Para el 2018, el propio PAN, con la candidatura de Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle jefe del grupo predominante, señalaría al entonces candidato, Miguel Barbosa, por esta misma práctica, siendo calificada por los partidos de oposición como una ‘incongruencia’. Alonso Hidalgo denunciaba que por su condición de mujer, le querían quitar la gubernatura.

Ya en 2019, los diputados Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa, fueron removidos de la vicepresidencia y presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, por expresiones misóginas y machistas contra otras legisladoras y contra la sociedad en general.

 

La otra violencia

Las diputadas Rocío García Olmedo y Vianey García Romero del PRI y Morena, respectivamente, llevan la voz consonante en la agenda de género de la entidad poblana.

Desde el Congreso del Estado se impulsan reformas cuya finalidad es la de prevenir la Violencia de Género en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las poblanas.

Hasta el momento, la actual legislatura ha presentado iniciativas para lograr sanciones a quienes atenten en contra de las mujeres, también para retirar atenuantes subjetivas que las discriminan en el Código Penal como: “no tener mala fama”, además de que se aprobaron estímulos fiscales a las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia. Se logró la prohibición de publicidad sexista en espectaculares y en el transporte público, y se trabaja por la despenalizar el aborto.

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La priista García Olmedo insiste en que estas problemáticas deben ser abordadas con una perspectiva amplia ‘cuando más hemos avanzado jurídica y socialmente las mujeres, es cuando hemos hecho alianza con los hombres’.

La morenista García Romero enfatizó que ‘en nuestro país mueren más de siete mujeres al día víctimas de la violencia machista, por eso sumamente importante legislar para prevenir’.

Sumado a la agenda propia del legislativo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, anunció que las mujeres que estén presas por el delito de aborto serán liberadas ya que la visión es pugnar por un cambio cultural que permita a las féminas una mejor calidad de vida, libre de violencia, de discriminación y de desigualdad.

Con la maquinaria echada andar, los mecanismos federales como la Alerta de Violencia de Género en práctica, un Congreso que busca legislar como forma de prevención y un ejecutivo manos a la obra en el tema, se vive un parteaguas para poner un freno a una de las prácticas más condenables para una sociedad moderna y globalizada como es la poblana.